De noviembre del 2010 a julio de 2011, el Gobierno del D.F. desalojó a 500 familias de zonas de reserva donde está prohibido construir. Actualmente existen 300 asentamientos humanos y cada semana se detectan al menos tres invasiones más. Para la investigadora de la unam Edith González, el desalojo llano podría traer consigo otros problemas sociales, pues unas 700,000 personas viven en zonas de conservación, así que la mejor solución es involucrar a la comunidad en la protección de estas áreas.

La Gran Palapa, en la delegación Milpa Alta, es el ejemplo que cita la especialista. Aquí, los habitantes, de la mano de las autoridades, emprendieron un proyecto ecoturístico que incluyó la construcción de cabañas, restaurantes, baños ecológicos y juegos infantiles. Se organizan paseos guiados, cabalgatas y venta de plantas medicinales que mantienen en un invernadero.

Según Liliana Rodríguez, una de las indígenas fundadoras de este proyecto, se ha elevado notablemente el nivel de vida de la comunidad. Los pobladores, por ejemplo, reciben alrededor de 800 pesos por cuidar una hectárea al año, lo que se conoce como “servicios ambientales”. Si estos pagos son justos, no solo garantizan el cuidado de las reservas, sino que impiden nuevas construcciones en áreas prohibidas.