La ciudad de México tiene un gigantesco patrimonio edificado: prehispánico, colonial y contemporáneo. El Centro Histórico es la insignia arquitectónica más reconocible, con 1,436 edificios catalogados.

Están también los emblemáticos barrios de Coyoacán y Tlalpan, y otros que albergan secretos arquitectónicos, como Azcapotzalco. Las colonias modernas Condesa, Roma, San Rafael, Narvarte, Del Valle, Nonoalco, Tlatelolco, Pedregal de San Ángel o Campestre Churubusco también han sido referentes urbanísticos. Pero los mecanismos para proteger todo este patrimonio han fallado porque parten de la premisa de que el Estado ha de obligar a los propietarios a respetarlos y mantenerlos, cuando, en palabras del arquitecto Teodoro González de León, “los edificios no son permanentes, ni siquiera Bellas Artes o el Museo de Antropología, y más bien tienen que ganarse un espacio”.

Para el arquitecto Alejandro Hernández, hay que explorar nuevas formas de preservar nuestra riqueza arquitectónica: “Debe hacerse un catálogo efectivo, bien coordinado y partir de ahí, analizar cada caso por separado porque no se pueden conservar ni restaurar todos los edificios antiguos”. Además, dice que los dueños de estos inmuebles deben tener más incentivos que su valor estético para resguardarlos: adecuar las leyes para permitirles convertirlos en locales, hoteles o restaurantes, o aplicarles incentivos fiscales.